Políticas de Empleo Activas y Pasivas: Definición y Ejemplos

Las políticas de empleo son estrategias fundamentales para la gestión del mercado laboral. En España, su implementación recae principalmente en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), a través de sus oficinas distribuidas en las 50 provincias, Ceuta y Melilla. Colaboran también los Servicios de Empleo de las Comunidades Autónomas y otros organismos públicos como Ayuntamientos y Diputaciones provinciales.

Dentro de estas políticas, es crucial diferenciar entre las activas y las pasivas.

Políticas Activas de Empleo

Las políticas activas de empleo son el conjunto de medidas y programas impulsados en España a través del Sistema Nacional de Empleo con el objetivo primordial de reducir el desempleo y mejorar la empleabilidad. Ejemplos concretos incluyen:

• Talleres de formación y capacitación profesional.
• Programas de inserción sociolaboral.
• Iniciativas para la mejora de las condiciones laborales.

Los objetivos principales de estas políticas son:

• Mejorar la empleabilidad de los jóvenes menores de 30 años, facilitando su acceso al mercado laboral.
• Favorecer la empleabilidad de colectivos vulnerables, como los mayores de 45 años desempleados de larga duración o beneficiarios de programas específicos (por ejemplo, el Plan Prepara, destinado a quienes han agotado su derecho a la prestación por desempleo).
• Optimizar la calidad de la formación profesional para el empleo, incrementando las oportunidades de los trabajadores para encontrar un nuevo puesto.
• Impulsar el emprendimiento, ofreciendo a los trabajadores más posibilidades y facilidades para crear su propia empresa.

Políticas Pasivas de Empleo

Por otro lado, las políticas pasivas de empleo son aquellas medidas que buscan mantener la renta de los desempleados durante el periodo en que no tienen un empleo. El ejemplo más claro es la prestación contributiva por desempleo, que consiste en el pago de cotizaciones mientras el individuo trabaja, asegurándole una prestación en caso de pérdida de empleo.

En la mayoría de los países, también existe un subsidio por desempleo, menos generoso, destinado a quienes tienen un historial de cotizaciones insuficiente o han agotado su prestación contributiva.

A diferencia de las activas, las políticas pasivas no se centran directamente en reducir las cifras de paro, sino en proporcionar un soporte económico a los desempleados. No obstante, indirectamente, pueden influir en el mercado laboral, por ejemplo, al permitir prejubilaciones que facilitan la sustitución de trabajadores por perfiles más jóvenes.

Sistemas de Protección por Desempleo: Niveles y Regímenes

La prestación por desempleo es una institución central diseñada para mitigar los riesgos asociados a la pérdida de empleo. Se vincula a un sistema de seguro social, donde el pago de cotizaciones durante la actividad laboral asegura una prestación en caso de desempleo. Complementariamente, existe un subsidio, generalmente menos generoso, para quienes tienen un historial de cotizaciones insuficiente o han agotado la prestación contributiva; estas son consideradas políticas pasivas.

El Sistema de Protección por Desempleo en España

En España, el sistema de protección por desempleo se estructura en dos niveles principales:

• Nivel Contributivo: Ofrece prestaciones generadas mediante cotización previa. La cuantía y duración de estas prestaciones dependen directamente del monto de las cuotas pagadas por el trabajador durante su periodo de actividad laboral. Están destinadas a trabajadores que han perdido su empleo y han cotizado por un tiempo determinado.
• Nivel Asistencial: Proporciona subsidios que atienden prioritariamente a las necesidades básicas del desempleado. Estos subsidios están dirigidos a trabajadores que no cumplen los requisitos para acceder al nivel contributivo o que ya han agotado dichas prestaciones, garantizando un soporte económico mínimo.

Regímenes de Protección por Desempleo a Nivel Internacional

Existen cuatro regímenes distintos de protección por desempleo, clasificados en función de la cobertura del sistema, el nivel de compensación y el gasto en políticas activas de empleo:

1. Régimen Sub-protector: Se caracteriza por una baja tasa de cobertura, prestaciones que no alcanzan a cubrir el mínimo de subsistencia y una inversión casi inexistente en políticas activas de empleo. Esto incrementa el riesgo de pobreza y desempleo de larga duración. Ejemplos: Italia, España, Grecia y Portugal.
2. Régimen Liberal o Mínimo: Ofrece una protección algo más generosa, aunque no cubre a todos los desempleados de manera completa. Se enfatiza la no interferencia en el mercado y la responsabilidad individual del desempleado en su inserción laboral. Las prestaciones suelen estar vinculadas a la comprobación de recursos e ingresos del hogar. Ejemplos: Reino Unido e Irlanda.
3. Régimen Centrado en el Empleo: Proporciona una mayor protección, y las autoridades se esfuerzan por evitar que los individuos queden excluidos del mercado laboral. La prestación está ligada a los derechos consolidados a lo largo de la trayectoria laboral previa, lo que puede generar ciertas brechas. Ejemplos: Francia, Alemania, Países Bajos y Bélgica.
4. Régimen Universalista: Destaca por su generosa cobertura y un notable compromiso con las políticas activas de empleo. Los requisitos para acceder a las prestaciones son más flexibles y no dependen del nivel de ingresos de otros miembros del hogar. Ejemplos: Suecia y Dinamarca.

La Nueva Pobreza en Sociedades Postindustriales: Factores Sociales y Políticos

En las sociedades postindustriales, la estratificación social y la división en clases coexisten con nuevos factores que generan desigualdades. La propiedad y el trabajo, aunque siguen siendo relevantes, ya no son los únicos parámetros que determinan la posición social de una persona. A estos se suman elementos que crean nuevos espacios de privilegio y desventaja social, configurando lo que se conoce como la «nueva pobreza».

Factores Sociales Clave

• Segmentación del Mercado Laboral o «Mercados Duales»

  Este fenómeno tiende a separar a los trabajadores en grupos ocupacionales estables (insiders) y precarios (outsiders). Esta configuración otorga altos niveles de protección laboral a ciertos colectivos, mientras condena a otros a contratos con mayor propensión al desempleo y peores condiciones de trabajo. Por ejemplo, en España, aproximadamente un tercio de la población asalariada tiene un contrato temporal, y un porcentaje significativo (9%) trabaja en la economía sumergida sin contrato.

• Cambios Demográficos y Estructuras Familiares

  Junto a las transformaciones económicas, se han producido cambios demográficos y políticos trascendentales que abren nuevas vías de vulnerabilidad económica. Se ha incrementado la proporción de hogares encabezados por una sola persona adulta, que vive sola o con dependientes. Estas estructuras familiares suelen ser económicamente frágiles, donde la pérdida de ingresos conlleva un elevado riesgo de pobreza. Muchos de estos hogares son resultado de procesos de reestructuración familiar, como el fallecimiento de la pareja en edades avanzadas o los divorcios y separaciones. En la mayoría de los países occidentales, se observa un aumento de la pobreza asociado a la extensión de los periodos de viudedad de las mujeres y al incremento de hogares monoparentales. Las tasas de riesgo de pobreza infantil son particularmente elevadas en estos últimos.

• Desigualdad en el Acceso a la Educación y Oportunidades

  Aunque el acceso a la educación ha mejorado, persisten significativas desigualdades en la calidad y las oportunidades educativas. Esto dificulta la movilidad social ascendente y perpetúa la pobreza intergeneracional.

• Mercado de Vivienda y Acceso Asequible

  La crisis inmobiliaria ha impactado negativamente el acceso a viviendas adecuadas y asequibles, contribuyendo a la inseguridad residencial y a la persistencia de la pobreza.

Factores Políticos y la Evolución del Estado de Bienestar

• Evolución de los Estados de Bienestar

  El principal cambio político que incide en la pobreza es la evolución de los Estados de Bienestar. Si bien actualmente son más generosos con los ancianos que en el pasado, en muchos países el sistema sigue condenando a la precariedad económica a personas con trayectorias laborales cortas e intermitentes.

• El Envejecimiento Poblacional y sus Sesgos

  El envejecimiento de las sociedades acentúa los sesgos del sistema de bienestar público. La concentración de recursos financieros de los presupuestos sociales en la protección de los ancianos ha transformado progresivamente a los Estados de Bienestar en «Estados-Providencia para la vejez». Esto los obliga a hacer frente a compromisos adquiridos con la población de edad avanzada, lo que dificulta la respuesta a las demandas de colectivos más jóvenes.

• Influencia de las Retóricas Neoliberales

  Tras las crisis fiscales de los años ochenta, las orientaciones de las políticas de combate contra la vulnerabilidad económica y laboral se han visto impregnadas por retóricas de tipo neoliberal. Desde esta perspectiva, las políticas de bienestar pasivas son consideradas ineficaces y contraproducentes para la dinamización del mercado de trabajo.

El Ingreso Mínimo Vital (IMV): Elementos y Características Clave

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) es una prestación fundamental en España, diseñada para prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social. Está dirigida a personas que viven solas o están integradas en una unidad de convivencia y carecen de los recursos económicos básicos para cubrir sus necesidades esenciales.

Se configura como un derecho subjetivo a una prestación económica, formando parte de la acción protectora de la Seguridad Social. Su objetivo principal es garantizar un nivel mínimo de renta a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad económica, buscando una mejora real en las oportunidades de inclusión social y laboral de las personas beneficiarias. Para ello, su diseño incorpora incentivos al empleo y a la inclusión, articulados mediante diversas fórmulas de cooperación entre administraciones.

Requisitos para Acceder al IMV

Para poder acceder al Ingreso Mínimo Vital, los solicitantes deben cumplir una serie de requisitos:

• Edad: Tener entre 23 y 65 años. Los mayores de 18 años pueden solicitarlo si tienen un menor a su cargo.
• Vulnerabilidad Económica: Demostrar una situación de vulnerabilidad económica, para lo cual se tendrán en cuenta las rentas y el patrimonio del solicitante y de su unidad de convivencia.
• Residencia Legal: Residir de forma legal, continuada e ininterrumpida en España durante al menos un año anterior a la solicitud.
• Independencia (para solicitantes individuales): Aquellos solicitantes que vivan solos y no pertenezcan a una unidad de convivencia deben acreditar haber vivido de forma independiente durante al menos tres años anteriores a la solicitud.
• Agotamiento de Prestaciones: Haber agotado cualquier otra prestación o pensión a la que se tuviera derecho.
• Inscripción como Demandante de Empleo: Estar inscrito como demandante de empleo.
• Umbral de Ingresos: No superar el umbral de ingresos y patrimonio establecido por la Seguridad Social. No podrán acceder al IMV quienes ya estén percibiendo una pensión contributiva por jubilación o incapacidad permanente, ni una pensión no contributiva por invalidez o jubilación.

Características del IMV

El Ingreso Mínimo Vital, gestionado por la Seguridad Social, se distingue por las siguientes características:

• Garantía de Renta Mínima: Asegura un nivel mínimo de ingresos para cubrir necesidades básicas.
• Acción Protectora Adaptada: Brinda una acción protectora que se articula de manera diferente si se dirige a un beneficiario individual o a una unidad de convivencia.
• Duración Flexible: Su duración se prolonga mientras persista la situación de vulnerabilidad económica del beneficiario.
• Incentivos a la Inclusión: Contiene incentivos al empleo y a la inclusión social, fomentando la autonomía de los beneficiarios.
• Intransferible: Es una prestación intransferible, lo que significa que no puede cederse ni embargarse.
• Flexibilización de Titulares: Desde el 3 de febrero de 2021, se eliminó el límite que impedía que más de dos personas convivientes en el mismo domicilio pudieran ser titulares del IMV, facilitando el acceso a más unidades de convivencia.