1.2 Las funciones del sector público

A raíz de los motivos mencionados, el sector público desarrolla diferentes funciones que justifican su intervención en la economía. A continuación se describen las principales:

Función asignativa

El Estado trata de asignar correctamente los recursos en aquellos casos en los que el mercado falla; busca fomentar la eficiencia económica allí donde el mercado, por sí solo, no lo logra.

Función distributiva

El Estado no persigue únicamente la eficiencia, sino también la equidad. Pretende una distribución más justa de la renta, trasladando recursos de las capas más favorecidas a las más necesitadas. Para ello se aplican medidas como:

• Impuestos progresivos
• Subsidios de desempleo
• Salario mínimo
• Ayuda y asistencia social

Función estabilizadora

El Estado intenta suavizar las fluctuaciones de la actividad económica. Se persigue, por ejemplo, controlar la inflación en las fases expansivas y corregir el desempleo en las fases recesivas.

Función reguladora

El Estado establece las reglas del juego que deben seguir los diferentes agentes económicos. Dichas reglas quedan establecidas mediante leyes que regulan, por ejemplo, el derecho a la propiedad privada, el salario mínimo que deben pagar los empresarios, y los derechos que tiene el consumidor al comprar un producto.

Función coordinadora

Consiste en coordinar todas las funciones anteriores, ya que en ocasiones pueden entrar en conflicto. Por ejemplo, el Estado puede querer subir el salario mínimo para ayudar a los trabajadores, pero si esto se realiza en una fase de recesión, puede reducirse el incentivo empresarial y disminuir la contratación.

Función representativa en el exterior

Como señala Samuelson en su Manual de Economía, el Estado desempeña funciones en el ámbito internacional que incluyen programas de ayuda internacional, acuerdos medioambientales, medidas comerciales (como aranceles) y la coordinación de políticas macroeconómicas.

2 El estado de bienestar

La cuestión del papel del Estado ha sido polémica desde antaño. Algunos autores han defendido una mayor intervención —entre ellos John M. Keynes— frente a otros que propusieron un papel mínimo, como Adam Smith. Las referencias al Estado han sido continuas a lo largo de la historia. Sin embargo, el intervencionismo estatal tal y como se entiende hoy es un concepto relativamente reciente.

Frente a la visión del Estado como garante de la seguridad (visión dominante desde la Revolución Francesa hasta la Primera Guerra Mundial), apareció en los años treinta, en el contexto de la Gran Depresión, la visión del Estado como organismo que debía garantizar el pleno empleo o, al menos, un alto nivel de ocupación.

Fue a finales del siglo XIX cuando líderes políticos de Europa occidental —como Otto von Bismarck en Alemania y William E. Gladstone en Gran Bretaña—, seguidos posteriormente por Franklin D. Roosevelt en Estados Unidos, introdujeron un nuevo concepto de responsabilidad estatal: el estado de bienestar. En este modelo, el Estado modifica las fuerzas del mercado para proteger a los individuos de contingencias específicas y garantizarles un nivel mínimo de vida.

El estado de bienestar se consolidó en la época de prosperidad que vivieron las economías de Europa occidental tras la Segunda Guerra Mundial. El Estado pasó no solo a ocuparse de la seguridad y de garantizar el empleo, sino también a prestar una serie de servicios sociales universales y a asumir la responsabilidad de mantener unos mínimos niveles de vida para todos. Hoy se articula mediante tres tipos de prestaciones:

• Prestaciones universales: prestación para toda la población, por ejemplo, la educación.
• Prestaciones sociales: destinadas a los más necesitados, como las viviendas de protección oficial.
• Prestaciones contributivas: dirigidas a quienes previamente han cotizado, por ejemplo, el subsidio de desempleo o las pensiones.

3.1 Los ingresos públicos

El sector público necesita recursos para llevar a cabo sus funciones. Los recursos que obtiene se denominan ingresos. Uno de los criterios más utilizados para su clasificación es el grado de voluntariedad con el que el sector privado transmite renta al sector público. Según ese criterio, es posible diferenciar:

Ingresos ordinarios

El Estado obtiene ingresos de modos similares a los que podría hacerlo cualquier individuo o entidad. Entre ellos se encuentran:

• Los ingresos derivados de la gestión del patrimonio público.
• Los ingresos que se obtienen por privatizaciones.
• Los ingresos procedentes de operaciones de crédito.
• Los ingresos obtenidos a partir de la venta de bienes y servicios que presta el sector público.

Los ingresos ordinarios fueron muy importantes en el pasado y constituyeron la principal fuente de financiación. En la actualidad, el patrimonio que posee el Estado y los ingresos derivados de su gestión tienen cada vez menos importancia relativa.

Ingresos derivados

El Estado obtiene también ingresos en función de su poder de coacción, es decir, a partir de su capacidad para imponer ciertos pagos. Entre estos ingresos se incluyen:

• Multas: por ejemplo, sanciones de tráfico, sanciones impuestas a empresas por incumplimientos medioambientales o sanciones por no realizar trámites administrativos necesarios para ejercer una actividad. Estas se establecen en virtud del poder sancionador del Estado.
• Tributos: gravámenes que el Estado aplica en función de su poder fiscal para recaudar sobre el sector privado.