Bienes públicos puros e impuros

Tecnología y Leyes Antimonopolio

La compañía de Bill Gates, Microsoft, ha sido declarada culpable de prácticas monopolistas. Los comentaristas de prensa han repetido hasta la saciedad que los monopolios deben ser perseguidos implacablemente, y que la ley de la competencia debe ser aplicada siempre. O casi siempre. O a veces. ¿O cuando? Veamos.

Ya en 1776, el padre de la economía moderna, Adam Smith, demostró que, si en una economía capitalista se deja a empresas y consumidores competir en precios, la «mano invisible» de los mercados consigue que las decisiones de productores y compradores se coordinen mágicamente. Es decir, la competencia entre empresas en busca de clientes lleva a éstas a fabricar lo que los consumidores más desean y a vender a precios cercanos a los del coste de producción de cada unidad elaborada. La libre competencia acaba llevando a lo que los economistas llamamos la «asignación óptima de recursos». Y, sabiendo que ésa era y es la belleza y la fuerza del mercado, los políticos del siglo XIX aprobaron «leyes antimonopolio» que obligaban a las empresas a competir en beneficio del consumidor.

Una de las premisas en las que se basa el análisis de Smith es que los bienes comprados y vendidos son bienes llamados «clásicos». Los bienes clásicos són los de toda la vida (patatas, vino, alcachofas y garbanzos) y se caracterizan por el hecho aparentemente irrelevante que cada vez que se utilizan, se tienen que producir de nuevo: cada vez que alguien consume una alcachofa, ésta se tiene que producir. Y, aunque parezca mentira, semejante perogrullada comporta que, a veces, los gobiernos no deberían actuar contra los monopolios como los de Microsoft.

La razón es que hay bienes en nuestra economía que no se corresponden con la definición de bien clásico. Un ejemplo sería la «receta» que se utiliza para producir galletas: no es cierto que cada vez que alguien utiliza la receta, ésta deba ser inventada de nuevo. Una vez inventada, la receta puede ser utilizada una y otra vez, por infinidad de personas sin que se deban volver a pagar los costes de «invención». Los economistas llamamos a los bienes de este tipo «bienes no-rivales» o «bienes públicos». Lo mismo ocurre con los «bienes tecnológicos» como la vacuna contra la viruela, la técnica que permite a los airbag salir a toda velocidad cuando hay un accidentes de coche, el nuevo sistema de telefonía móvil, la nueva versión de Microsoft Windows, o la fórmula de la Viagra: una vez inventados, millones de personas pueden utilizar todos estos productos en todo el mundo sin que sea necesario volver a pagar los costes de investigación y desarrollo (I+D).

El hecho de que los bienes tecnológicos sean bienes «no rivales», hace que la mayor parte del coste de producción sea el coste inicial de I+D: el coste de cada una de las pastillas Viagra és realmente ínfimo si lo comparamos con el extraordinario esfuerzo económico que la compañía productora tuvo que realizar para inventar la fórmula original. La tragedia está en que, si se obliga a estas compañías a competir en precios, las leyes del mercado acabarán por llevar el precio al coste de producción de cada una de las pastillas, lo cual no permitirá la recuperación de los costes iniciales de I+D, por lo que el proceso innovador se parará. Dicho de otro modo, como dijo Joseph Schumpeter a principios del Siglo XX, en la «economía de las ideas, un cierto grado de monopolio no solamente no es perjudicial sino que es necesario para que haya incentivos a innovar«. En el mundo de la tecnología, se debe incentivar la competencia de creatividad y no la competencia de precios: las companyías que dominen el mercado deben ser las que innoven más y ofrezcan mejores productos, no las que ofrezcan productos inventados por otros a precios más bajos.

Los jueces y fiscales del gobierno norteamericano, que parecen confundir las alcachofas con la tecnología, están aplicando ciegamente las leyes antimonopolio aprobadas en el Siglo XIX contra el gigante informático del Siglo XXI. La sentencia que condena a Microsoft está indicando a las compañías tecnológicas de todo mundo que los políticos están dispuestos a entrometerse cuando éstas pongan precios superiores a los de coste marginal, cosa que es necesaria si quieren recuperar los costes de I+D. No hace falta decir que esto va a llevar a reducir su esfuerzo innovador, cosa que frenará el motor del crecimiento económico. Y, más que Bill Gates, los que saldremos más perjudicados de todo este esperpéntico proceso judicial, seremos los consumidores de todo el mundo.


Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *