El marco juridico que regula la actividad empresarial

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MARCO JURIDICO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL



Una de las funciones de las administraciones públicas es establecer el marco jurídico que regula la actividad económica. A través de este marco, el Estado regula la actividad de los agentes económicos y trata de favorecer su desarrollo.
Una legislación bien concebida fomenta la competencia y asegura un mercado más eficiente y equidad al mismo tiempo que permite proteger los derechos de los consumidores y el medio ambiente. Con todo ello se propicia un marco de seguridad y claridad necesario para las relaciones económicas.
Este ordenamiento jurídico viene básicamente determinado por una serie de normas y principios que constituyen el denominado DERECHO MERCANTIL. Mientras que el derecho civil es el derecho aplicable a todas las personas, el derecho mercantil es un derecho especial, puesto que solo es aplicable a los empresarios y sus actos. Por ello, un primer aspecto que se regula es quien es jurídicamente el empresario.
Adquieren la CONDICION DE EMPRESARIO todas las personas físicas que realicen una actividad económica de forma profesional y en nombre propio, así como todas las sociedades mercantiles en cualquiera de sus distintas formas jurídicas (SA, SL,…)
Entre las principales normas jurídicas que regulan la actividad empresarial destaca el CODIGO DE COMERCIO o ley básica del derecho mercantil español. Es una ley de 1885 que ha tenido constantes modificaciones para adecuar su contenido a la realidad de cada momento a través de leyes complementarias que regulan actividades concretas del empresario (Ley de Sociedades Anónimas, Ley de Defensa de la Competencia,…)

PRINCIPIOS JURÍDICOS BÁSICOS


A continuación destacamos aquellos principios y normas mercantiles que son fundamentales para asegurar un marco estable en el desarrollo0 de las relaciones económicas. Dada su importancia, algunos de ellos no solo están en el derecho mercantil, sino que han adquirido categoría de principios de la Constitución española. Los más importantes son:
⊗ Libertad de empresa.
La Constitución consagra este principio en su artículo 38. En él se establece la libertad de crear y gestionar empresas, pero siempre de acuerdo con las necesidades e intereses generales de la sociedad.
⊗ Derecho de propiedad. Gran parte de las operaciones mercantiles se realiza de acuerdo al derecho de propiedad, es decir, la facultad de usar y disponer de las cosas a favor de aquellos que son reconocidos como propietarios. El artículo 33 de la Constitución reconoce el derecho a la propiedad privada, pero con la limitación de respetar los derechos de los demás.
⊗ Libertad de contratación. Es básica para que el sistema funcione. La mayor parte de los acuerdos en el ámbito empresarial se realiza mediante contrato. Un contrato es un compromiso, con fuerza legal, de que dos o más personas realizarán alguna actividad. El valor del contrato se refuerza por la penalización que su incumplimiento acarrea (indemnización o la imposición de cumplir lo pactado).

OTROS ASPECTOS DEL MARCO LEGAL DE LAS EMPRESAS



DERECHOS EXCLUSIVOS


Con la finalidad de proteger las inversiones de la empresa en investigación tecnológica o en su actividad comercial, la ley garantiza el uso exclusivo durante cierto tiempo de los inventos e innovaciones aplicables a la actividad empresarial (PATENTES), así como los nombres comerciales y marcas que sirvan para distinguir unos productos de otros. Para ello debe obtenerse el título de PROPIEDAD INDUSTRIAL correspondiente a través de su registro en la Oficina Española de Patentes y Marcas.

DEFENSA DE LA COMPETENCIA


El desarrollo de una libre competencia en el mercado favorece los intereses tanto de las empresas como de los consumidores. Por ello, la Ley de Defensa de la Competencia tiene la finalidad de defender la competencia de prácticas que puedan restringirla o falsearla.
A veces, algunas empresas se ponen de acuerdo para restringir la producción con la finalidad de alterar los precios o se reparten el mercado en detrimento de otros competidores, o abusan de una posición dominante para influir sobre los precios y conseguir mayores beneficios.
Para impedir estos comportamientos, la Ley de Defensa de la Competencia ha creado, en el ámbito estatal, una institución independiente del Gobierno, la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), como órgano encargado de las labores de vigilancia, inspección e investigación de este tipo de prácticas, de instruir los expedientes contra quienes incurran en ellas y de establecer las sanciones correspondientes.

Por su parte, la Ley de Competencia Desleal trata de impedir los comportamientos desleales de las empresas


Algunos ejemplos son: actuar con engaño, omitiendo o falseando las características del producto; denigrar el producto o la imagen de otras empresas; entregar obsequios que comprometen al consumidor a comprar otros productos; aprovecharse indebidamente de las ventajas de la reputación adquirida por otros en el mercado; violar los secretos industriales; vender sistemáticamente por debajo del precio de coste con el objetivo de eliminar a los competidores, etc.

NORMAS CONTABLES


El empresario debe llevar una contabilidad ordenada y adecuada a la actividad de la empresa. Debe llevarla directamente o mediante personas autorizadas. En sociedades mercantiles debe llevar un libro de actas.
A tal fin, existe un conjunto de disposiciones que garantizan la unificación de criterios, así como la existencia de unos libros contables que obligatoriamente todas las empresas deben llevar. De este modo se asegura la homogeneidad en la información y se facilita que pueda ser entendida e interpretada por todos los usuarios. De este conjunto de normas destaca el Real Decreto 1514/2007 de 16-11-2007 (BOE 20-11-07) por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, que constituye el marco al que deben acogerse todas las empresas con carácter general y que sirve de referencia al resto de las normas contables.
También destaca el Real Decreto 1515/2007 de 16 de noviembre por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad de PYMES.

REGISTRO MERCANTIL


Es un organismo del Estado, dependiente del Ministerio de Justicia, que tiene como finalidad la publicidad oficial de las situaciones jurídicas de los empresarios inscritos en él, además de otras funciones asignadas por ley.
Según el Reglamento del Registro Mercantil, este tiene por objeto:
⊗ Inscribir a las empresas en el momento de su constitución.
⊗ Legalizar los libros de las empresas y depositar y publicar los documentos contables.
⊗ Inscribir a los apoderados nombrados por las empresas.
El Registro Mercantil se divide en Registros Territoriales, uno en cada capital de provincia, otro en Ceuta y otro en Melilla, y un Registro Centra que reúne la información de todo el Estado.

NORMAS FISCALES


La legislación está formada básicamente por la Ley General Tributaria, que establece el marco legal para el desarrollo de los distintos tipos de tributos (impuestos, tasas y contribuciones especiales) y normas tributarias, define los principales conceptos tributarios (sujeto pasivo, hecho imponible,…), establece la estructura y el funcionamiento de las entidades y fija el procedimiento para la gestión de tributos.
El Derecho Fiscal surge por la necesidad del Estado de obtener ingresos para cubrir los gastos públicos, que se recogen de forma detallada en los Presupuestos Generales del Estado.

NORMAS LABORALES


Los trabajadores tienen una serie de derechos y obligaciones que están contemplados en diferentes leyes, como la Constitución o, de forma muy especial, el Estatuto de los Trabajadores (ley 8/1980, de 10 de marzo). Además, el contrato de trabajo que se establece entre el empresario y el trabajador conlleva la obligación del trabajador de prestar servicios y el deber del empresario de remunerar el trabajo que se le presta, y ese mismo contrato puede fijar nuevos derechos y deberes.
NORMAS MEDIOAMBIENTALES, como la prohibición de usar CFC para la fabricación de frigoríficos o el fomento de la instalación de fuentes de energía “limpias”.
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